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Desde Argentina
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Escrito por Hugo Presman
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Lunes 22 de Agosto de 2011 04:00 |
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 La configuración de la Corte Suprema de Justicia es uno de los hitos importantes que la sociedad ha reconocido casi con unanimidad al proceso politico iniciado en el 2003. Una de sus figuras emblemáticas es el penalista Raúl Eugenio Zaffaroni (foto).
La denuncia realizada por el diario amarillista "Libre" de la editorial Perfil bajo el injurioso título "El puticlub del juez por dentro", acerca del ejercicio de la prostitución en departamentos alquilados por Zaffaroni y continuada por Clarín, La Nación y otros medios de la editorial Perfil, se inscribe en la larga contienda que se libra entre sectores económicos, medios hegemónicos y el gobierno nacional.
Está claro que en los últimos meses se intenta deteriorar al gobierno en dos de sus pilares fundamentales: los derechos humanos a través del episodio Schoklender - Hebe de Bonafini; y el prestigio de la Corte a través de la conducta que se le atribuye a uno de sus miembros más referenciales, cuyas opiniones y sentencias han afectado poderosos intereses.
Las elecciones del 23 de octubre dirime, entre otras cosas fundamentales, si la experiencia kirchnerista tendrá ocho o doce años de ejercicio del gobierno y por lo tanto si se podrá aplicar o no integralmente la ley de medios audiovisuales, en especial la desinversión que establece el artículo 161 hoy suspendido; si se perpetraron delitos de lesa humanidad en la adquisición de Papel Prensa; si se continuará con las retenciones a las soja, al trigo y al maíz o se la irá disminuyendo en algunos casos o eliminando en otros como proponen todas las alternativas de la oposición con posibilidades lejanas (pero posibilidades al fin) de reemplazar Cristina Fernández.
Hay mucho dinero en juego y algunas de las cuestiones económicas como las dos primeras, llegarán en algún momento para que la Corte se expida. Hay muchas más situaciones conflictivas en juego, pero circunscribiremos el análisis a estos dos casos.
Caso "Sueños Compartidos"
En la extensa nota "Los pañuelos seguirán siendo blancos", que escribí en el mes de junio, sostuve que la historia de las Madres de Plaza de Mayo y de su presidenta Hebe de Bonafini, y de las Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, ocupa un lugar notable en el devenir del siglo XX. La construcción de casas y la concreción de miles de ellas realizada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue un emprendimiento que bajo la cobertura emblemática de Hebe de Bonafini ejecutó el apoderado Sergio Shoklender, con fondos provistos por el Estado.
Las irregularidades groseras descubiertas y denunciadas por la prensa opositora no pueden ni deben ser contestadas con la notable historia de Hebe como se intentó realizar equivocadamente en los primeros días. Incluso por quienes apoyan acríticamente pensando que ayudan cuando en realidad perjudican.
Debe darse cuenta de lo realizado, de lo invertido y de las desviaciones de fondos. Está claro para cualquiera de buena fe que no fue Hebe la que se enriqueció ni aprovechó de los fondos públicos. Pero más allá que la Asociación son Bonafini y un grupo muy reducido de mujeres cercanas a los noventa años, hay en el emprendimiento "Sueños Compartidos" una delegación de autoridad que nunca puede relevar de la responsabilidad. Y hay presumiblemente por parte del gobierno una omisión en el seguimiento del control sobre los fondos entregados.
Un administrador presumiblemente infiel, una entidad que delegó autoridad y un gobierno miope en el control, son errores evidentes que han dado pasto a una ofensiva basada en hechos reales de los medios hegemónicos. Seguramente si esto hubiera sucedido en algunos de los contratistas habituales del Estado no vinculados políticamente con el gobierno, los hechos hubieran sido silenciados o minimizados por los mismos medios que han mantenido el tema en tapa durante más de un mes.
Lo ocurrido ha producido víctimas emblemáticas y reales y una herida en la línea de flotación del gobierno en el tema de derechos humanos con la afectación de la imagen de un personaje relevante.
Caso Zaffaroni
Conocida la denuncia, la defensa del juez no siguió los carriles que hubieran desactivado rápidamente la operación. En lugar de declaraciones parciales y fragmentarias, aludiendo que delegó la administración de sus 15 departamentos y que no se ocupaba para nada de sus propiedades, argumento lógico y comprensible, debió llamar a una conferencia de prensa, presentar los contratos de alquiler, mostrar los telegramas de rescisión de los mismos por haber sido destinados a una actividad incompatible con el objeto de los mismos, la intimación a la inmobiliaria que participó en las contrataciones y las exigencias al administrador de éstas para que aclare su situación. Eso hubiera desinflado inmediatamente el globo. Es posible que el pertenecer el administrador a su círculo íntimo haya llevado a que el prestigioso penalista haya actuado como un abogado novato.
Se ha sostenido correctamente que no hay acusación ni el juez ha cometido ningún delito.
Pero es el mismo Zaffaroni, quién afirma en un reportaje que le hace el periodista Martín Granovsky en Página 12 del 7 de agosto: "En la ciudadanía todos nos comportamos de acuerdo con ciertas pautas éticas. Hay cosas que el Código Penal no prohíbe que uno no debe hacer ...En el caso de un funcionario, los bienes y las cuestiones patrimoniales o la eventual deshonestidad administrativa o la corrupción no son un tema privado. Lo privado es meterse en la casa".
Argumentación equivocada
Hay una línea de defensa desmentida por la compleja naturaleza humana y por cientos de ejemplos. Es esa que invoca el prestigio y la obra del denunciado para desestimar de plano la denuncias o en otros la acusación.
Bastaría tomar dos casos citados al azar. Juan Jacobo Rousseau, el inspirador de la Revolución Francesa, autor del Contrato Social, mantenía a su hijo en un orfelinato. Albert Einstein, el físico más brillante de la historia, sometía a su mujer a un reglamento por el cual no debía hablarle si él no le dirigía la palabra.
Seguramente gente bien intencionada podría llegar a suscribir una solicitada con el argumento que el autor del Contrato Social de ninguna manera podía mantener a su hijo en un orfelinato o una mente brillante como la de Einstein jamás podría descargar violencia de género sobre su mujer. Sobre una denuncia, mucho más en el caso de una acusación, hay que responder sobre los hechos específicos. Luego de desinflarlos en ese terreno, denunciar, si es el caso, a través de solicitadas, o cualquier recurso que se estime conveniente, la campaña mediática a que es sometido el injustamente denunciado o acusado.
Invertir el orden de prelación de la defensa es un manifiesto error que produce lamentables equívocos.
En un caso de acusación concreta de un delito deleznable como fue el caso del Padre Julio César Grassi, periodistas ideológicamente ubicados en la derecha como Mariano Grondona, Julio Ramos o Daniel Hadad, sostuvieron que era imposible que un hombre que daba de comer a miles de chicos pudiera haber abusado de algunos de ellos. Luego en la justicia se probó que el acusado era culpable.
Fuego amigo, campaña enemiga
Está claro para el autor de esta nota que Hebe de Bonafini no se quedó con un peso, al tiempo que sostengo que no puede soslayarse las responsabilidades que sobre los hechos denunciados tiene, ni que Raúl Eugenio Zaffaroni no regentea ningún puticlub, ni ha cometido ningún delito pero como él mismo sostiene: "Hay cosas que el Código Penal no prohíbe que uno no debe hacer". Pero las estrategias de defensa de ambos no fueron las adecuadas y sobre sus debilidades se montó una campaña mediática absolutamente previsible en un contexto ríspido.
Ahí aparecieron representantes de un periodismo autodenominado "profesional y serio", pero tan amarillo como el que no se sonroja en ser amarillo, como el del periodista Adrián Ventura de La Nación que inventó encuentros de Zaffaroni con funcionarios del gobierno, nunca desmentidos por su autor pero rectificados días después por Joaquín Morales Solá, columnista estrella del mismo diario, que no mencionó al lobbysta de los dos diarios hegemónicos; apenas un lacónico: "De todas maneras, debe subrayarse que Zaffaroni no mantuvo reuniones con funcionarios nacionales en los días recientes", en su columna dominical del 7 de agosto.
La debilidad argumental de los fiscales periodísticos quedó evidenciada cuando la periodista Cintya García demolió en la televisión al periodista de "La Nación" Pablo Sirvén, un profesional convencido que su empleador es "una tribuna de doctrina".
Está persuadido que sus columnas habituales las escribe subido a un banquito moral. Ni hablar del pequeño Alfonsín que pidió la renuncia de Zaffaroni o del denunciante profesional Ricardo Monner Sans, al que se le abrieron como es habitual todos los micrófonos de la cadena privada para solicitar lo mismo.
Una vez más se comprueba aquella frase del periodista Jorge Asís: "A nadie se le niega un café y una denuncia de Monner Sans".
En los últimos meses el fuego amigo ha sido mucho más erosionante que el desplegado por los adversarios. Sobre errores groseros y algunos inadmisibles, se han levantado las campañas destinadas a alcanzar el balotaje en octubre.
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