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El conflicto entre el gobierno argentino y el presidente del Banco Central pone en el tapete varios conceptos y leyes heredados de la segunda década infame por cuya modificación algunos hemos clamado inútilmente.
La actual Carta Orgánica del Banco Central, con origen en 1992 (Menem-Cavallo) e instigación del Consenso de Washington y la ley de entidades financieras (Videla-Martínez de Hoz); la última dio lugar a la Patria Financiera y la primera es una patrulla perdida de los '90 con la autarquía del Banco Central.
El gobierno está pagando un alto costo donde si se suma a lo que no desmontó un largo derrotero de errores instrumentales imposibles de superar cuando la relación de fuerzas ha cambiado.
Pero incluso desde el análisis conceptual, el gobierno y la sociedad son tributarios de la ley de convertibilidad aún vigente. Cuando desde el punto de vista formal existía un empate monetario entre el dólar y el peso y se podía cambiar, teóricamente en cualquier momento, el efectivo en pesos nacionales por dólares, era necesario que por cada peso en circulación hubiese un dólar de reservas equivalente para respaldar la circulación monetaria, por si en algún momento todos los habitantes quisieran cambiar sus pesos por dólares. Cuando eso sucedió, en un escenario de fuga de capitales y disolución del poder político, apareció el corralito y el corralón.
Es ridículo en un escenario sin convertibilidad que hablemos de reservas que respaldan la circulación monetaria y se afirme que las que exceden esa primera igualdad, son de libre disponibilidad. En un contexto no convertible la circulación monetaria debe estar relacionada con el producto y no con las reservas. Estas deben ser adecuadas para sostener la política monetaria y para disuadir una siempre posible corrida cambiaria. O fondear una fuga de capitales para disuadirla y nunca para financiarla como sucedió en 2001.
Es necesario señalar que desde 2007 a la actualidad se fugaron del país más de 45 mil millones de dólares discriminados de la siguiente forma: el primer año 10.271 millones, en 2008 se incrementa a más del doble: 22.862 millones y alrededor de 13.000 millones en 2009. Eso totaliza aproximadamente 46.133 millones de dólares.
El economista Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores acerca una primera explicación: "Hubo varias medidas que se podrían haber tomado para evitar los efectos de la fuga. Por ejemplo se podría haber limitado la autorización del giro al exterior de fondos, que se mantuvo hasta mediados de 2009, es decir durante todo el tiempo que duró la fuga, en dos millones de dólares por mes por persona jurídica o física. Se hubiera podido reducir a cien mil dólares mensuales ese monto por una simple resolución del Banco Central y nadie hubiera dicho nada en contrario. Otro ejemplo fueron las llamadas operaciones de contado con 'liqui' que consisten en comprar un título, ya sea un bono o una acción, en el mercado local, pagando con pesos, y vender el mismo título en una plaza financiera del exterior, cobrándolo en dólares. Es una forma de sacar dólares del país. Estas operaciones sucesivas se llegaron a hacer hasta en un mismo día, lo cual constituía una maniobra perfecta de salida de capitales".
Estas operaciones legales aprovechan agujeros de las reglamentaciones. En cambio hay otras ilegales, mucho más voluminosas. Escribe el Licenciado en Economía y docente Roberto Briscioli en Página 12 del 24 de enero: "La pregunta que surge es ¿cómo es posible que el sector privado más concentrado de la economía obtenga divisas para luego fugarlas? Las divisas adquiridas y luego fugadas pueden provenir de dos fuentes: por un lado, de las ventas de las mismas por parte del Banco Central; o la otra posibilidad, que se trate de divisas obtenidas por las empresas exportadoras que no fueron liquidadas como legalmente corresponde, es decir, omitiendo su transformación en pesos moneda nacional. La respuesta a la pregunta la da el propio Banco Central al afirmar en sus estadísticas que en el mismo lapso que se considera la fuga sólo se vendieron 967 millones de dólares de reservas, el 2,2 % del total. La conclusión entonces no es otra que las divisas obtenidas para luego ser fugadas provienen en su amplia mayoría de divisas no liquidadas. Podemos decir entonces que el Banco Central, a través del mal desempeño de su conducción, con intencionalidad o no, ha permitido que una suma similar a las reservas actuales fueron apropiadas injustamente por el poder económico concentrado, ya que es el único que cuenta con los fondos suficientes para adquirirlas y que además tiene la voluntad política destituyente para fugarla de la economía nacional con destino interno o con destino externo hacia algún paraíso fiscal".
Otra vez está en el tapete la propuesta de un capitalismo nacional sin una real burguesía con proyecto de país y reinversión. La que hay permite la fuga capitales en esta magnitud con la complicidad de un Estado desmantelado, del cual se ha hecho muy poco para reconstruirlo, y termina dando como resultado una mayor concentración y extranjerización de la economía.
Si a semejante drenaje se suma la forma en que liquidan sus impuestos las empresas que explotan los recursos naturales con una simple declaración jurada y con un control impositivo no muy diferente que el realizado por lo aquí expuesto por el Banco Central, tenemos la imagen de un queso gruyere, por el cual se escapan los recursos que faltan en tantos otros lados. Entre otros, para levantar la importante deuda interna.
Por otro lado la discusión por el pago de la deuda externa con reservas despertó la antigua polémica sobre deuda legítima e ilegítima, que sorprendentemente o no, no formó parte de la discusión del presupuesto donde estaba asignada una partida para su pago.
Con relación al monto de la deuda, el Dr. Alberto Mûller, actual director del CESPA (Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina) que sucedió al ingeniero Jorge Schvarzer, por la muerte de este, escribió en Página 12 del 12 de enero: "La deuda pública argentina - de unos 141.000 millones de dólares - representa hoy en día una proporción de cerca el 50% del PBI. Los compromisos que ella genera en términos de intereses son perfectamente sostenibles. El 46% de la deuda se encuentra emitido en pesos, por lo que no existe para esta parte riesgo por devaluación"
Instrumentación del lenguaje
Una regla elemental del periodismo es separar la información del comentario. Cuando TN, Clarín y Canal 13 "informaban" sobre la ley de medios audiovisuales la denominaban como ley de medios K, o la ley contra los medios. Es decir, se editorializa desde el título. Esto se repite en forma sistemática en cada uno de los casos que se afectan poderosos intereses.
La Nación, Clarín, y los diferentes medios hegemónicos califican cada vez que se refieren a la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones como confiscación. Ahora cuando se trata el Fondo del Bicentenario en forma sistemática se le adosa lo de manotazo. Basta prestar atención para ver, oir o leer que la palabra manotazo siempre acompaña a reservas cuando se refiere a la creación del Fondo con transferencia de las mal denominadas reservas de libre disponibilidad. Cuando alguien quiere innovar, como Eduardo van der Kooy en su editorial del 24 de enero, denomina la propuesta de "meterle garfios a las reserves".
Otra descalificación obscena es la de "hacer caja". Cuando no era denostada como ahora como una forma de soborno político, gozaba de prestigio académico y se la llamaba "equilibrio fiscal". La idea que "hacer caja" es sinónimo de apropiación de fondos públicos con destino privado, se traduce como ejemplo emblemático en una tapa de Clarín: "Cristina necesita plata y lanzó una nueva moratoria". Lo mismo pero muy distinto sería titular: "El gobierno desea mantener el equilibrio fiscal y lanzó una nueva moratoria".
El triunfo absoluto en la instrumentación del lenguaje es que la casi totalidad del periodismo califica el conflicto del gobierno con las patronales del campo como el conflicto con el campo. Lo mismo sucede con lo de matrimonio presidencial cada vez que se refieren a la presidenta de la Nación. Si se siguiera el mismo criterio en todos los casos y personajes debería decirse: la pitonisa Casandra Elisa Carrió, el traidor Cobos, la eternamente voluble Patricia Bullrich, el amotinado Martín Redrado, el empresario Alika Alikate Francisco de Nárvaez, el óptimo seleccionador de personal Mauricio Macri, la versión femenina de Macri Gabriela Miccheti, la apropiadora irregular de bebés Ernestina Herrera de Noble, el empresario que hace honor a su apellido Cristiano Ratazzi, el recitador de citas de autoayuda Rabino Sergio Bergman, el ególatra cultor del lugar común Marcos Aguinis, el falso gaucho introductor de la soja transgénica Felipe Solá, el empresario sojero Alfredo de Ángeli, el hombre que lucha contra Milagro Sala, al que califica del verdadero poder económico de la Argentina, el dirigente radical Gerardo Morales, etc, etc.
Zonceras económicas e instrumentación del lenguaje. Dos zonceras al precio de una con las que Arturo Jauretche se hubiera hecho un festín ironizando con los tilingos que las compran y luego las propalan como si fueran propias.
Seguramente Don Arturo diría que los tilingos son los medios de los que se valen los medios; esos que permiten recordar el relato de Eduardo Galeano en su último libro "Espejos": "En otros tiempos, la ninfa Eco había sabido decir. Y con tanta gracia decía, que sus palabras parecían no usadas, jamás dicha por boca ninguna. Pero la diosa Hera, la esposa legal de Zeus, la maldijo en uno de sus frecuentes ataques de celos. Y Eco sufrió el peor de los castigos: fue despojada de voz propia. Desde entonces, incapaz de decir, solo puede repetir. La costumbre a convertido esta maldición en alta virtud".
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